Ricardo Astudillo Suárez es un político mexicano del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con una amplia trayectoria en la política de Querétaro y a nivel federal. Desde el 1 de septiembre de 2024 se desempeña nuevamente como diputado federal por el Distrito 2 de Querétaro, cargo que ya había ocupado durante la LXII Legislatura (2012–2015).
Nació el 26 de junio de 1975 en la Ciudad de México y es arquitecto, egresado de la Universidad del Valle de México, campus Querétaro. Inició su carrera política en el PVEM en 2002 y, desde entonces, ha desarrollado una trayectoria constante dentro del partido, convirtiéndose en uno de sus principales referentes en la entidad. Actualmente se desempeña como dirigente del Partido Verde Ecologista de México en Querétaro.
En 2003 asumió la presidencia del comité municipal del PVEM en Corregidora, municipio en el que más adelante fue regidor del Ayuntamiento entre 2006 y 2009. Posteriormente, en 2009, fue electo diputado local en el Congreso del Estado de Querétaro, cargo que ocupó hasta 2012. Ese mismo año dio el salto al ámbito federal al ser electo diputado federal por el Distrito 2 de Querétaro, responsabilidad que volvió a asumir en la actual legislatura. A lo largo de su carrera partidista ha ocupado diversos cargos de liderazgo, entre ellos la presidencia del Comité Estatal del PVEM en Querétaro y la Secretaría General del partido en el estado, función que desempeña desde 2011.
En 2018 fue candidato a la presidencia municipal de Corregidora en coalición PRI–PVEM y, posteriormente, volvió a fungir como regidor del municipio durante el periodo 2018–2021. En la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, Ricardo Astudillo Suárez es secretario de la Comisión de Energía, además de integrar las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Puntos Constitucionales. Con más de dos décadas de experiencia política, Ricardo Astudillo Suárez se ha consolidado como una figura clave del Partido Verde en Querétaro, con participación activa en la agenda legislativa y en la conducción política del partido en la entidad.
Quiero compartirles algunas de las iniciativas que impulsamos desde el Congreso, porque creemos firmemente en construir un México más justo, sustentable e incluyente. Todas estas iniciativas tienen algo en común: fueron hechas pensando en la gente, en nuestro entorno y en nuestro futuro. Estoy convencido de que, trabajando juntos, construiremos un México más justo, más verde y más humano.
Con el objetivo de financiar proyectos que garanticen el acceso equitativo y sustentable al recurso hídrico en México. Este fondo se integrará con aportaciones económicas vinculadas al consumo de agua potable y será administrado por un comité especializado. Su finalidad principal es promover la construcción, mantenimiento y conservación de infraestructura hidráulica, así como el tratamiento y reutilización del agua. Además, busca enfrentar los efectos del cambio climático, mejorar el acceso al agua en comunidades vulnerables y fomentar una cultura de cuidado y uso responsable del recurso.
Propone reformar y adicionar disposiciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para regular con mayor precisión el uso de la pirotecnia en México. Reconoce los riesgos ambientales, de salud y seguridad asociados al uso de fuegos artificiales, tanto para las personas como para los animales, y busca incorporar la definición de artificios pirotécnicos en la ley, así como facultar a las autoridades para prevenir y controlar su contaminación. Además, establece medidas para asegurar precautoriamente estos productos cuando representen un riesgo ecológico o de salud pública, con el objetivo de reducir accidentes, daños ambientales y garantizar un marco legal más riguroso y actualizado.
Busca reformar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, como razers, motos y cuatrimotos debido a su creciente impacto negativo en ecosistemas naturales. Propone prohibir su circulación en áreas naturales protegidas, zonas de conservación y otros espacios ecológicamente sensibles, a menos que exista autorización fundada. También establece medidas para prevenir la contaminación auditiva, lumínica y ambiental, así como sanciones por daños a la biodiversidad, suelos, cuerpos de agua y comunidades locales. El objetivo es salvaguardar el derecho a un medio ambiente sano y reducir los efectos adversos de esta actividad recreativa.
propone reformar el artículo 115 constitucional para establecer que los municipios, al otorgar licencias y permisos de construcción, exijan que al menos el 20% de los materiales utilizados provengan de agregados o materiales reciclados. El objetivo es promover el uso sustentable de recursos en el sector de la construcción, reducir la huella ecológica y minimizar el impacto ambiental derivado de la explotación de recursos naturales. Esta medida busca fomentar prácticas más sostenibles, alineadas con estándares internacionales y experiencias exitosas en países que ya regulan la reutilización de residuos de construcción y demolición.
diversas disposiciones legales para impulsar el uso obligatorio de materiales reciclados en obras públicas, con el objetivo de reducir la huella ecológica y promover la sostenibilidad en el sector de la construcción. Asi como plantea modificaciones al artículo 115 constitucional, del mismo modo modifica a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, incorporando criterios ambientales para el otorgamiento de licencias de construcción. Además, propone la creación de un Consejo de Armonización Normativa Ambiental que incluirá representantes del gobierno, legisladores, academia y sociedad civil, encargado de emitir normas técnicas sobre el manejo y reutilización de residuos de construcción y demolición.
Para incorporar de manera formal los principios de la economía circular en la legislación mexicana. Busca fomentar el reciclaje, reutilización, reparación y recirculación de materiales, promoviendo un modelo de producción y consumo más sostenible. Ante el creciente volumen de residuos y su baja tasa de aprovechamiento en el país, la reforma pretende transformar los desechos en recursos útiles, reducir la dependencia de materias primas, generar empleos verdes y mitigar impactos ambientales como la contaminación y el cambio climático. La propuesta alinea a México con estándares internacionales, posicionándolo como un referente regional en sostenibilidad.
y la Ley General de Vida Silvestre para establecer criterios más estrictos en la comercialización de animales, garantizando su bienestar y trato digno. Define condiciones inadecuadas como el hacinamiento, la falta de alimento, higiene, atención veterinaria y el manejo inapropiado de la especie. Prohíbe además la venta de animales menores de cuatro meses y refuerza los controles sobre ejemplares exóticos, exigiendo autorización expresa para su posesión y prohibiendo su donación o venta a menores de edad. También regula el entrenamiento de fauna silvestre, limitándolo a espacios legalmente autorizados y con métodos que minimicen sufrimiento. El objetivo es prevenir el maltrato animal y armonizar la legislación con estándares internacionales y reformas constitucionales recientes en favor del bienestar animal.
y la Ley del Seguro Social para crear el Programa Nacional de Atención Integral a Niños con Cáncer, denominado “Por Una Esperanza”. Este programa busca garantizar cobertura total, gratuita y oportuna para menores diagnosticados con cáncer en México, incluyendo tratamientos médicos, apoyo psicológico, infraestructura hospitalaria adecuada y personal especializado. Se contempla una asignación inicial de 5,000 millones de pesos anuales y la creación de unidades oncológicas pediátricas, así como la inscripción obligatoria de los casos en un registro nacional. La propuesta responde a la necesidad urgente de asegurar el derecho a la salud y la equidad en la atención médica para las infancias más vulnerables.
La iniciativa propone reformar la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible para establecer un marco legal claro que impulse y regule la donación de alimentos no comercializables pero aptos para el consumo humano. Ante el grave problema del desperdicio alimentario en México, que alcanza más de 20 millones de toneladas al año, se busca fomentar la redistribución de excedentes hacia poblaciones vulnerables, reducir el impacto ambiental y avanzar hacia una cultura de consumo responsable. La reforma define requisitos para donadores y donatarios, promueve la colaboración con bancos de alimentos y establece medidas para asegurar la inocuidad y el aprovechamiento efectivo de los productos. Con ello, se atienden simultáneamente el derecho a la alimentación, la sostenibilidad ambiental y la justicia social.
La iniciativa propone reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor y la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia con el objetivo de proteger mejor los derechos de los usuarios frente a los abusos y errores en los reportes del buró de crédito. Establece medidas como la eliminación inmediata de datos por tarjetas no solicitadas, la prohibición de usar los reportes de crédito como prueba en juicios o como criterio para empleo, vivienda o salud, y la obligación de corregir errores de forma clara y sin costo en un tiempo menor a 15 dias. También obliga a las sociedades de información crediticia a integrar datos completos y actualizados entre ellas, y garantiza que los ciudadanos puedan impugnar información sin estar condicionados a estar inscritos en el buró. La propuesta busca fomentar la transparencia, combatir la discriminación financiera y reforzar la protección de los datos personales.
Para personas cuidadoras no remuneradas, generalmente mujeres, reconociendo su enorme contribución social, la iniciativa propone reformar la Ley del Seguro Social y la Ley Federal del Trabajo , garantizándoles acceso a la seguridad social. Plantea incluirlas formalmente como sujetas de aseguramiento, en especial aquellas que brindan cuidados prolongados a familiares, sin recibir salario. También se propone integrar el concepto de “cuidado digno” en la legislación, y establecer programas institucionales de cuidados integrales vinculados a políticas públicas. Esta propuesta busca visibilizar el trabajo de cuidados, reducir la desigualdad de género y mejorar las condiciones de vida de quienes sostienen el bienestar de personas dependientes, promoviendo así una sociedad más justa y solidaria.
La iniciativa propone reformar la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes con el objetivo de fortalecer los mecanismos de reinserción social para jóvenes en conflicto con la ley. Plantea un enfoque centrado en la justicia restaurativa, priorizando medidas socioeducativas por encima del castigo, y promoviendo el acceso a educación, capacitación laboral, atención psicológica y apoyo comunitario. La propuesta busca reducir la reincidencia, combatir la estigmatización, y garantizar una segunda oportunidad para que los adolescentes infractores puedan integrarse de manera productiva a la sociedad. Además, establece nuevas atribuciones para las autoridades encargadas de dar seguimiento y apoyo durante el proceso de reintegración
de Niñas, Niños y Adolescentes para garantizar la protección integral de menores con uno o ambos padres privados de la libertad. Reconoce su situación de vulnerabilidad y establece derechos específicos como el acceso a espacios dignos de convivencia, visitas regulares, comunicación constante, educación, salud, apoyo psicológico y protección contra el estigma social. También contempla la creación de un censo nacional y mecanismos de seguimiento para evaluar sus condiciones de vida. La propuesta busca asegurar que estos menores no sean excluidos ni discriminados, reforzando el compromiso del Estado mexicano con su bienestar, desarrollo y derechos fundamentales.
y Seguridad Vial para mejorar la infraestructura y seguridad vial enfocada en motocicletas. Ante el alarmante incremento de accidentes y muertes de motociclistas en México, la propuesta establece que el diseño y operación de calles, avenidas y carreteras deberá incluir criterios específicos para estos vehículos, como vialetas, señalamientos y espacios seguros. Además, se busca que las autoridades consideren la jerarquía de la movilidad con un enfoque de sistemas seguros, contemplando las necesidades particulares de los motociclistas. La iniciativa responde al creciente uso de motocicletas como medio de transporte y trabajo, y a la urgencia de reducir siniestros mediante infraestructura adecuada, educación vial y criterios diferenciados en el diseño urbano y rural.
Con el objetivo de establecer un marco jurídico nacional que garantice su protección, bienestar y trato digno. Reconoce a los animales como seres sintientes y establece principios éticos para su relación con los humanos. La ley busca armonizar y coordinar la legislación federal, estatal y municipal en materia de protección animal, promoviendo acciones de prevención del maltrato, atención médica, refugio, rescate, conservación y educación. Asimismo, contempla la creación del Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal y de un registro nacional de animales, así como la participación ciudadana y de organizaciones especializadas en el diseño de políticas públicas en la materia.
Libre e Informada para los Pueblos y Comunidades Indígenas en Materia de Justicia Climática, con el objetivo de garantizar su derecho a participar en decisiones que afecten sus territorios, recursos naturales y formas de vida. Reconoce a los pueblos indígenas como actores clave en la protección del medio ambiente y promueve su participación activa, respetando sus usos y costumbres. Establece mecanismos claros y culturalmente adecuados de consulta, así como sanciones por su incumplimiento. La ley busca alinear la legislación mexicana con estándares internacionales, fortalecer la justicia climática y asegurar que el desarrollo no se dé a costa de los derechos indígenas.
de Emergencias Ambientales, con el propósito de establecer un marco legal integral para anticipar, mitigar y responder eficazmente a situaciones que representen un riesgo grave para el medio ambiente y la salud pública. La ley contempla la creación de sistemas de alerta temprana, planes de prevención, protocolos de actuación interinstitucional y mecanismos de reparación del daño ambiental. Asimismo, establece responsabilidades para los sectores público y privado, incluyendo medidas de inspección, vigilancia, sanción y participación ciudadana. Su objetivo es fortalecer la capacidad del Estado mexicano para actuar de forma oportuna ante contingencias ambientales y evitar impactos irreversibles en los ecosistemas y las comunidades.
Para la Gestión de Crisis y Desastres Ambientales, con el objetivo de establecer una estructura legal clara y coordinada para atender de manera eficaz emergencias ecológicas en México. La ley prevé la creación de un Protocolo Nacional de Gestión de Crisis Ambientales, que incluirá fases de preparación, respuesta, recuperación y reconstrucción, con participación de los tres niveles de gobierno y la sociedad civil. También plantea mecanismos de financiamiento, evaluación de riesgos, comunicación de crisis, y responsabilidades específicas para prevenir, mitigar y reparar daños al medio ambiente y a la población. La propuesta busca garantizar una respuesta ágil, eficiente y basada en evidencia ante eventos como derrames tóxicos, incendios forestales o desastres naturales agravados por el cambio climático.
de Alimentos, con el fin de establecer mecanismos jurídicos, administrativos y operativos para prevenir, reducir y aprovechar el excedente de alimentos en México. La ley busca fomentar una cultura de aprovechamiento alimentario, impulsar la creación de bancos de alimentos y redes de donación, y coordinar acciones entre los sectores público, privado y social. También contempla incentivos fiscales, campañas de concientización y la creación de un Sistema Nacional para la Reducción del Desperdicio de Alimentos, enfocado en garantizar el derecho a la alimentación, combatir el hambre y promover la sustentabilidad alimentaria en el país.
Iniciativa con Proyecto de decreto para reducir la jornada laboral de 6 a 5 dias y aumentar de 1 a dos dias de descanso.
Proyecto de decreto que adiciona el art 16 a Ley General de Acceso a las mujeres a una Vida libre de violencia en materia de acecho.
Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y de la Ley de la Guardia Nacional.
Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal.
Esta iniciativa propone reformar y adicionar el Título Tercero Bis del Código Penal Federal, en particular mediante la creación de un nuevo capítulo denominado “Violencia Cibernética”, con el objetivo de reconocer, tipificar y sancionar de forma adecuada las conductas de violencia digital, especialmente aquellas que afectan a mujeres, niñas, niños y adolescentes
La iniciativa sobre reinserción social reforma la Ley Nacional de Ejecución Penal para que la capacitación certificada sea parte obligatoria del proceso de reinserción en los centros penitenciarios. Con ello se pretende que las personas privadas de la libertad desarrollen habilidades técnicas, oficios y competencias productivas reconocidas oficialmente, que les permitan acceder a mejores oportunidades al egresar. Además, se articula la educación con programas de capacitación laboral, fomentando la inclusión, el emprendimiento y la reducción de la reincidencia, asegurando que la reinserción comience dentro de prisión con herramientas reales de reconstrucción de vida
Busca reformar la Ley General de Salud, la Ley General de Derechos Lingüísticos y la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural, con el fin de reconocer, proteger y promover la medicina tradicional indígena como parte integral del sistema nacional de salud. A través de ella se garantiza el respeto a prácticas como la herbolaria, la partería y el temazcal, así como la protección de los territorios, lenguas y agentes comunitarios que las sostienen, asegurando que su ejercicio no sea criminalizado ni desplazado y que se fortalezca su transmisión mediante protocolos interculturales y educación comunitaria.
La propuesta sobre turismo sostenible plantea reformar la Ley General de Turismo y la Ley de Equilibrio Ecológico para establecer al turismo sustentable como un principio rector de la planeación nacional. Se busca equilibrar desarrollo económico, conservación ambiental y bienestar social,
incorporando la participación vinculante de comunidades locales e indígenas en proyectos turísticos, promoviendo planes de ordenamiento territorial sustentable, consultas previas, consejos consultivos comunitarios y mecanismos claros de certificación y financiamiento. Con ello, el turismo
dejará de depender de voluntades administrativas para convertirse en una obligación legal que fortalezca la inclusión social y la protección del patrimonio biocultural.
Propone reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor para garantizar que, en establecimientos abiertos al público, especialmente gasolineras y estaciones de servicio, los baños sean gratuitos, higiénicos y no condicionados al
consumo. Con ello se busca proteger la dignidad de los usuarios, atender necesidades básicas de sectores vulnerables como mujeres, niños, adultos mayores y personas con discapacidad, y prevenir riesgos sanitarios derivados de prácticas insalubres. Además, se establecen sanciones a proveedores que condicionen o cobren este servicio, asegurando así la equidad y el derecho básico a la salud.
La iniciativa sobre limitaciones al hostigamiento telefónico reforma la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley de Sociedades de Información Crediticia para proteger a los deudores de prácticas de cobranza abusiva.
Se busca prohibir llamadas reiteradas, intimidatorias o innecesarias cuando los créditos ya cuentan con garantías vigentes, ya que éstas vulneran la tranquilidad, la privacidad y la dignidad de las personas. Asimismo, se establecen mecanismos legales para que la recuperación de deudas se limite a procedimientos contractuales, evitando que despachos de cobranza generen presión psicológica, ansiedad o acoso en entornos familiares y laborales.
Plantea reformas a la Ley General de Desarrollo Social y a la Ley de Residuos, con el objetivo de reconocer el acceso a vestimenta digna como un derecho social básico. Propone articular políticas públicas para la recolección, reutilización y redistribución de ropa en buen estado, reduciendo el impacto ambiental de la industria textil y al mismo tiempo atendiendo las necesidades de millones de personas en pobreza extrema. Con ello se busca transformar un gesto individual en una estrategia de bienestar social y ambiental, fortaleciendo la dignidad humana y la equidad
La iniciativa en materia de gestión del suelo reforma la Ley General de Asentamientos Humanos para incorporar instrumentos que permitan frenar la especulación inmobiliaria y redistribuir los beneficios derivados de la inversión pública. Se busca garantizar un uso del suelo justo,
sostenible y equitativo mediante mecanismos de captación de plusvalías, bancos de suelo, límites a predios ociosos y creación de zonas de gestión especial. Con esto, los recursos obtenidos se reinvertirían en vivienda digna, movilidad sustentable, espacio público e infraestructura urbana, fortaleciendo así el derecho a la ciudad y reduciendo la desigualdad territorial.
La iniciativa de capacitación y certificación laboral para exinternos crea una nueva ley que garantiza a las personas liberadas del sistema penitenciario el acceso gratuito y continuo a programas de capacitación técnica y certificación oficial. Busca combatir la reincidencia delictiva al facilitar la reinserción laboral, promoviendo empleos dignos, emprendimiento y proyectos cooperativos. Asimismo, establece incentivos para empresas que contraten exinternos, fomenta el reconocimiento de saberes adquiridos en prisión y propone la creación de Centros de Capacitación para la Reinserción Productiva en todo el país, fortaleciendo la autonomía económica y la justicia restaurativa
Como representante de las y los queretanos en la Cámara de Diputados, Ricardo Astudillo ha consolidado una trayectoria legislativa definida por la congruencia y el compromiso con el futuro de nuestro estado, impulsando leyes de vanguardia que equilibran el dinamismo económico con la sustentabilidad ambiental. Su labor en la máxima tribuna del país se ha centrado en legislar con una visión de largo plazo, promoviendo reformas clave en materia de economía circular, protección de recursos hídricos y seguridad jurídica, asegurando que Querétaro cuente con las herramientas legales necesarias para seguir siendo un referente nacional de desarrollo.
Ricardo Astudillo Suárez es una de las figuras políticas con mayor continuidad y peso estratégico en el estado de Querétaro. Su gestión al frente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se caracteriza por un enfoque que combina la agenda ambientalista con una habilidad de negociación que ha mantenido al partido como una fuerza decisiva en la entidad.
El trabajo de Ricardo Astudillo Suárez en materia de reforestación se distingue por transitar de la gestión de recursos legislativos a la implementación de programas territoriales en Querétaro. Como actual Diputado Federal y dirigente del PVEM en la entidad, su enfoque para 2026 integra la recuperación de ecosistemas endémicos y la modernización tecnológica forestal.
Te presento algunas entrevistas en las que he participado y en las que muestro la labor que he desempeñado en mis funciones.
Hacienda Casa Blanca 15-A.
El Jacal, C.P. 76180.
Santiago de Querétaro, Qro.